La gestión de las pilas y acumuladores al final de su vida útil, debido a sus características y creciente uso, se rigen por normativa europea, la Directiva 2006/66/CE, la cual ha sido traspuesta al derecho en España mediante el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, el cual ha sido modificado por los reales decretos 943/2010, de 23 de julio, y 710/2015, de 24 de julio. La normativa incorpora los principios de “quien contamina, paga” y de responsabilidad ampliada del productor. Así, los fabricantes e importadores que ponen por primera vez estos productos en el mercado están obligados a gestionar la misma cantidad, en peso y tipo de producto, de las pilas, baterías y acumuladores puestas en el mercado y, a correr con los gastos de financiación de dicha gestión.
Por la citada normativa están afectadas todo tipo de pilas, baterías y acumuladores: pilas botón, pilas estándar, acumuladores portátiles, de automoción, industriales. Solo quedan excluidos aquellos productos concebidos para fines militares o para ser enviados al espacio. Estos residuos son gestionados principalmente a través de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), -anteriormente denominados sistemas integrados de gestión (SIG)- en los que se integran los productores (fabricantes e importadores) de las pilas, baterías y acumuladores, y que son los encargados de financiar la correcta gestión de dichos productos al final de su vida útil. Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, con la financiación de los productores incorporados, desarrollan, gestionan y administran los sistemas de recogida separada de estos residuos para su posterior transporte, reciclado, y valorización en instalaciones debidamente autorizadas por las administraciones públicas.
La normativa aplicable es la siguiente:
Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. Traspuesta al Derecho español a partir de la Directiva Europea 2006/66/CE.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Actualizado 12 de mayo de 2016.
Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.