¿Cuándo entró en vigor el Registro de Producción y Gestión de Residuos?
El Registro de Producción y Gestión de Residuos se planteó como una herramienta común para mejorar la información y la transparencia en la gestión de residuos en España. Su puesta en marcha se enmarcó en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015.
El PEMAR no fija en su aprobación una fecha concreta de entrada en vigor del Registro. La referencia a su implantación describe una medida que debía desarrollarse para disponer de un registro único y compartido en todo el territorio estatal. Por tanto, no debe confundirse la aprobación del Plan con la fecha efectiva de funcionamiento del Registro.
Qué establecía el PEMAR
El Plan orientaba la política de residuos para los años siguientes y buscaba corregir deficiencias, mejorar los resultados ambientales y contribuir al cumplimiento de los objetivos legales. También daba continuidad a la planificación estatal tras la finalización del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 y se adaptaba a la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Su objetivo general era avanzar hacia una economía circular y un uso más eficiente de los recursos. Para ello, proponía reincorporar los materiales recuperados al proceso productivo y aplicar la jerarquía de residuos en todos los flujos contemplados:
- Prevención: evitar la generación de residuos.
- Preparación para la reutilización: acondicionar productos o componentes para volver a utilizarlos.
- Reciclado: transformar los residuos en materiales o productos.
- Otras formas de valorización: aprovechar los residuos, incluida la recuperación energética.
- Eliminación: recurrir a ella como última opción, reduciendo especialmente el depósito en vertedero.
El papel del Registro y otras líneas de actuación
El Registro debía contribuir a mejorar el conocimiento sobre la producción y gestión de residuos, así como a facilitar la coordinación entre administraciones. El Plan también señalaba la importancia de reforzar la inspección, el control y la vigilancia para prevenir prácticas ilegales, además de promover una comunicación más clara y facilitar el uso seguro de materiales recuperados.
El PEMAR establecía asimismo que las comunidades autónomas debían asumir, como mínimo, los objetivos nacionales respecto de los residuos generados en sus territorios, salvo que la normativa sectorial dispusiera criterios específicos. En el caso de los residuos de competencia municipal, las entidades locales debían poner los medios a su alcance para contribuir a esos objetivos.
Alcance y actualización del Plan
El PEMAR estaba organizado en 25 capítulos, 15 de ellos dedicados a flujos de residuos sujetos a normativa específica. Para cada flujo se describían las normas y objetivos aplicables, la evolución y la situación de la gestión, junto con orientaciones para avanzar hacia las metas previstas.
El Plan podía actualizarse si se disponía de nueva información o si las circunstancias lo aconsejaban. También contemplaba una revisión como máximo a los seis años de su entrada en vigor, con atención especial a la reutilización y el reciclado. Su aplicación podía aportar beneficios ambientales, económicos y sociales, entre ellos la protección de la salud y del entorno, una mayor disponibilidad de materias primas y el impulso del empleo asociado a la reutilización y el reciclado.