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Infracciones en materia de residuos

La normativa de residuos establece quién responde de las obligaciones asociadas a la producción y gestión, regula la vigilancia y las inspecciones y clasifica las infracciones administrativas en leves, graves y muy graves. La responsabilidad administrativa puede coexistir con otras responsabilidades civiles, penales o medioambientales.

Responsabilidad y control

El productor, el poseedor inicial o el gestor debe cumplir las obligaciones que le correspondan respecto de los residuos. Si varios sujetos deben cumplirlas conjuntamente, pueden responder solidariamente de las sanciones económicas. También puede existir responsabilidad solidaria cuando los residuos se entregan a personas no habilitadas o no se puede determinar la participación de cada responsable.

Las autoridades competentes realizan funciones de vigilancia, inspección y control. Las inspecciones pueden dirigirse a quienes tratan, recogen o transportan residuos profesionalmente, a agentes y negociantes, a establecimientos productores y a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Las personas inspeccionadas deben colaborar y facilitar la documentación e información necesaria.

En las operaciones de recogida y transporte, la inspección puede comprobar el origen, la naturaleza, la cantidad y el destino de los residuos. Las autoridades también pueden verificar que se mantienen las condiciones de las autorizaciones y comunicaciones, y adoptar medidas si dejan de cumplirse.

Clasificación de las infracciones

Las conductas que incumplen la normativa pueden constituir infracciones leves, graves o muy graves. La gravedad depende, entre otros factores, de la clase de residuos, del incumplimiento cometido y de que exista peligro para la salud o daño al medio ambiente.

Infracciones muy graves

Infracciones graves

Pueden ser graves las actividades realizadas sin la autorización o comunicación exigida, o en incumplimiento de sus condiciones, cuando no ocasionen peligro o daño grave. También puede ser grave actuar contra la normativa sin alcanzar ese nivel de riesgo o deterioro ambiental. El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos no peligrosos puede encajar en esta categoría cuando no se produzca un peligro grave para la salud ni un daño ambiental grave.

La calificación concreta depende de las circunstancias y de la normativa aplicable, incluidas las disposiciones que puedan desarrollar las comunidades autónomas.