Pilas que se consideran residuos peligrosos y cómo deben gestionarse
La normativa distingue determinados residuos de pilas y acumuladores como peligrosos. Su recogida y gestión corresponde a los productores mediante las modalidades de responsabilidad ampliada que establece la legislación aplicable.
Qué residuos se consideran peligrosos
Conforme al artículo 3 del Real Decreto 106/2008, tienen esta consideración:
- Los residuos identificados con el código 20 01 33* de la lista europea de residuos: pilas, acumuladores y baterías incluidos en los códigos correspondientes, cuando se desechan en hogares, comercios, oficinas, servicios y lugares similares, así como fracciones sin clasificar que los contengan.
- Los residuos de pilas o acumuladores que presenten alguna de las características de peligrosidad contempladas en la normativa europea sobre clasificación de residuos.
Modalidades de recogida y gestión
El productor debe organizar la recogida y gestión de los productos puestos en el mercado, de forma individual o colectiva. Entre las opciones previstas se encuentran:
- Implantar un sistema individual de responsabilidad ampliada, que puede incluir acuerdos voluntarios.
- Participar en un sistema colectivo de responsabilidad ampliada.
- Establecer un sistema de depósito, devolución y retorno, individualmente o junto con otros productores dentro de un sistema colectivo.
- Contribuir económicamente a los sistemas públicos de gestión, de manera proporcional a las cantidades comercializadas y a los costes efectivos de gestión.
Red de recogida y garantías financieras
El sistema elegido debe disponer de medios adecuados y de una red periódica de puntos de recogida selectiva suficiente para cubrir el territorio donde se hayan comercializado los productos. La autoridad competente valora esa suficiencia conforme al procedimiento aplicable.
Una vez recogidos y clasificados, los residuos se trasladan a instalaciones autorizadas para su tratamiento y reciclaje.
Los productores de pilas, acumuladores o baterías que puedan generar residuos peligrosos deben constituir las fianzas, seguros o garantías financieras que exija la autoridad competente. La excepción indicada en la normativa corresponde a las baterías de plomo-ácido. Estas garantías deben cubrir las responsabilidades del sistema y permitir financiar la gestión si se produce un incumplimiento, insolvencia o disolución.